La Secretaría del Mecanismo de Coordinación Oceánica del Gran Caribe se une a la comunidad internacional en la celebración de un logro histórico: la entrada en vigor, el pasado 17 de enero, del Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional ( BBNJ, por sus siglas en inglés). Este tratado, fruto de casi dos décadas de negociación, marca un punto de inflexión hacia la transformación de la gobernanza oceánica más allá de las fronteras nacionales, esas aguas que, en realidad, nos pertenecen a todos.
Conocido como el “Tratado de Alta Mar", su objetivo es claro: gestionar de manera sostenible más de dos tercios de la superficie oceánica y proteger este hábitat planetario que yace bajo las olas. Pero no es solo un acuerdo de protección. Es, de hecho, el primer instrumento jurídicamente vinculante que integra de manera explícita principios de gobernanza inclusiva en aguas internacionales. El Acuerdo contempla principios de participación de pueblos indígenas, comunidades locales y de igualdad de género. Su plena implementación será una herramienta poderosa para enfrentar la triple crisis planetaria que amenaza nuestro futuro común.
La significación para el Gran Caribe: Del texto a la acción
Para nuestra región, la entrada en vigor del Acuerdo BBNJ trasciende lo simbólico y adquiere una relevancia práctica y estratégica. Los procesos oceánicos naturales no conocen fronteras políticas. La conectividad de nuestros ecosistemas marinos vinculan nuestras aguas jurisdiccionales con la alta mar de una manera inseparable. Lo que ocurre más allá de nuestras Zonas Económicas Exclusivas impacta directamente la salud de nuestros arrecifes, la productividad de nuestras pesquerías y, en última instancia, la resiliencia de nuestras costas.
Este marco es particularmente crucial para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe, naciones cuya identidad, seguridad alimentaria y economía están intrínsecamente ligadas a la salud del océano. El Tratado ofrece un mecanismo legal para influir en la gestión de áreas que, aunque distantes, son vitales para nuestro bienestar.
Resulta alentador constatar el compromiso demostrado por los países de la región: un significativo número de Estados del Gran Caribe han depositado ya su firma, y un grupo importante ha dado el paso decisivo de la ratificación, posicionando a la región no como espectadora, sino como parte activa en esta nueva fase de la gobernanza oceánica.
La entrada en vigor no es el punto culminante, sino el inicio del verdadero trabajo. El desafío ahora es transitar hacia una implementación efectiva y equitativa. Esto significa asegurar que los recursos de la biodiversidad marina no sólo se conserven, sino que su utilización sostenible contribuya al desarrollo de nuestros países. El Acuerdo BBNJ abre puertas a la investigación científica marina, a la distribución justa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y al establecimiento de herramientas de gestión basadas en áreas.
El éxito de este Tratado en nuestra región demanda que estos procesos se conduzcan con una participación significativa de las comunidades locales costeras, cuyos conocimientos tradicionales son invaluables, y de manera crítica, con un efectivo enfoque de género que asegure las mujeres, protagonistas clave en la gestión de los recursos marinos y costeros, tengan una voz y un liderazgo reconocido en la toma de decisiones.
La primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo deberá convocarse dentro del próximo año. Es un momento auspicioso para prepararse y fortalecer el diálogo regional, asegurando que el Gran Caribe no solo se adapte a esta nueva era de la gobernanza oceánica, sino que ayude a darle forma, por un océano global saludable y por un Caribe próspero y resiliente.
